La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa una etapa de menor influencia como órgano de control constitucional. El análisis señala que, tras la reforma judicial y la nueva configuración política del país, prácticamente han desaparecido las acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, mientras que la mayoría de los asuntos que llegan al máximo tribunal corresponden a controversias locales o casos de menor impacto nacional. Esto refleja un cambio profundo en el papel que la Corte históricamente desempeñó como contrapeso frente a los demás poderes del Estado.
La reducción de los mecanismos efectivos para revisar la constitucionalidad de las leyes federales implica un cambio institucional de gran alcance. Un Poder Judicial con menor capacidad para ejercer control sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso puede incrementar la certidumbre política para la implementación de políticas públicas, pero también modifica el equilibrio entre poderes que caracterizó al sistema constitucional mexicano durante las últimas tres décadas. Para el sector empresarial, los inversionistas y quienes participan en actividades reguladas, la evolución de este nuevo modelo judicial será un factor relevante para evaluar el entorno jurídico y la previsibilidad regulatoria del país.
